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Durante 43 meses, los familiares y activistas han rechazado la “verdad histórica” respecto a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa. Los siguen cando. Exigen que se sigan las recomendaciones del GIEI. A mil 308 días de la noche del 26 de septiembre, donde tamén fueron ejecutados tres normalistas y dos resultaron heridos, la investigación “está estancada”.

El ex Procurador esús Murillo Karam, autor del “ya me cansé”, se esfumó de la esfera pública luego de reciar. Sin embargo, Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se niega a dejar la función pública pese a ser señalado de alterar la escena del crimen en el basurero de Cocula; el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aspiró fallidamente a su intento de regresar a la Cámara de Diputados, y Miguel Ángel Osorio Chong se perfila a ocupar un lugar en el Senado tras su fallida candidatura a la Presidencia de la República.

Por Shaila Rosagel y Dulce Olvera

Hace mil 308 días, en la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, por la policía local en presunta colusión con organizaciones criminales. Lle 43 meses desaparecidos. Por más de tres años sus familias los han cado y, en contra de la denominada “verdad histórica”, exigen justicia frente a una investigación estancada.

Durante ese camino, el Presidente Enrique Peña Nieto perdió credilidad y algunos protagonistas políticos se han esfumado como el ex Procurador esús Murillo Karam o el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, otros activistas siguen en pie arropados por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Las detenciones más significativas fueron las del ex Alcalde de Iguala, osé Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, pero falta la sanción a todos los responsables.

A pesar de que más de cien detenidos, el informe del GIEI reveló que al menos 17 de ellos fueron torturados, entre ellos, los seis que aseguraron que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Entre los más de mil días de indagación, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, destaca que se han tomado en cuenta las cuatro líneas de investigación: la presencia del Ejército o en escenarios clave; la responsalidad de policías de Huitzuco que estuvieron presentes; el análisis de nueve teléfonos de los estudiantes e implicados; y el traslado de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.

Hace unos días el diario Reforma dio a conocer que la noche de ese 26 de septiembre habrían desaparecido entre 50 y 60 peras.

De acuerdo con transcripciones telefónicas en manos del Goerno de EU, a la que tuvo acceso el medio, jefes de la organización Guerreros Unidos “dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del Goerno estatal ante la magnitud del conflicto desatado”.

Las conversaciones forman pe del expediente judicial con los que se procesa a ocho operadores de GU en Chicago, detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga y “no han sido interrogados por los hechos de Guerrero”.

El medio explica que “los integrantes de GU creían que un grupo de “Los Rojos”, enviados por Santiago Mazari, alias ‘El Carrete’, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era pe de la operación rival”.

Agrega que los datos están en poder de la PGR y que una pe de fue compida, en distintas reuniones, con la CIDH y familiares de los 43 estudiantes.

Los padres de los 43 solicitan ahora que ante esas revelaciones se amplíe la investigación. “Tenía razón y hay trasiego de droga de Iguala a Chicago y es una línea de investigación que debe seguirse de forma exhaustiva hasta lograr dar con una pista de los muchachos”, sostuvo el papá Melitón Ortega, en días pasados.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro uárez (Centro Prodh) –organización que apoya a las familias de las víctimas– ha resaltado que aunque se ha descado científicamente la posilidad de que los 43 estudiantes fueron reducidos a cenizas en el tiradero de basura municipal, en el expediente indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes detenidos.

No obstante, la PGR no ha camado la narrativa: los videos donde se desarrolla con falsedades la “verdad histórica” siguen en su página oficial; los informes del GIEI no han sido colocados en las páginas gubernamentales; y funcionarios de alto nivel han intentado relanzar la verdad histórica.

En febrero de 2014, ocho meses antes del caso de Ayotzinapa, la revista Time dedicó al Presidente de México la portada de la última edición de ese mes, la cual tituló: “Saving Mexico”. Al interior de sus páginas Michael Crowley planteó que las reformas estructurales camaron la narrativa que existía sobre el país a pir de la guerra contra el narcotráfico.

“Ahora, las alarmas se han remplazado con aplausos. Tras un año en el goerno, Peña Nieto ha aprobado el más amcioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas en la historia. Las fuerzas de la economía global, tamén, han virado en la dirección del país”, escrió Crowley.

Pero el 26 de septiembre de ese mismo año ocurrió un suceso que camó la imagen del “salvador” y su Goerno: 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, tres fueron asesinados, entre ellos uno desollado, y dos más quedaron heridos después de una noche trágica de la que hasta hoy hay dudas sobre lo sucedido.

“Todos los casos de heridos y ejecutados permanecen impunes. Ni las víctimas ni sus familias han sido reparadas. La atención a perpetuidad de los heridos que lo requieren no está garantizada. La responsalidad estatal por estos hechos no ha sido reconocida”, criticó el Centro ProDH, en un comunicado con motivo del tercer aniversario de la tragedia.

Gustavo López Montiel, experto en pidos políticos dijo a SinEmbargo que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue un “peaguas” en la administración de Enrique Peña Nieto.

El rostro de un “Saving Mexico” que se promocionaba en la revista estadounidense empezaba a desmoronarse con los hechos de Tlatlaya, sin embargo los sucesos de Iguala, Guerrero, terminaron por enterrar los aces que México presumía en torno a las reformas estructurales.

“La administración del Presidente Peña está marcada por el tema Ayotzinapa. Si en no es de lo más relete, es un peaguas en la forma en la que había iniciado con mucho ímpetu la negociación de las reformas con el Congreso. Cuando se concretaron esas reformas vino la generación de expectativas sobre el impacto y aparece Ayotzinapa y otros casos de violación de derechos humanos”, enizó López Montiel, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El ista político explicó que si en Ayotzinapa no fue en su totalidad culpa del Goerno federal, gracias a una mala estrategia política y de comunicación gó con la culpa de lo sucedido.

“La idea de u a México donde se violan derechos humanos y hay una especie de contubernio entre la autoridad y el crimen organizado, junto con las muertes de la guerra contra el narcotráfico, impacta no sólo en la imagen del país, sino del Goerno”, precisó.

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De acuerdo con el ista la imagen de Peña Nieto ca se recuperó después de Ayotzinapa. “Lo pods ver en las encuestas. La línea de la aprobación presidencial empieza a caer en el caso de Ayotzinapa y de ahí no se vuelve a recuperar. En algunos entos goza de un punto, dos puntos, pero ha ido la aprobación en picada”, indicó.

Además del Presidente Enrique Peña Nieto, otras figuras políticas han sido señaladas por los familiares de los normalistas y por organizaciones civiles.

Miguel Ángel Osorio Chong, como Secretario de Gobernación, fue uno de los grandes defensores de la “verdad histórica” y durante más de 5 años tuvo a su go la estrategia de seguridad del país. Aspiró a suceder a Enrique Peña Nieto en Los Pinos, pero en su lugar osé Antonio Meade fue ungido por el presidente y por el PRI.

El ex “Súper Secretario” sostuvo que los integrantes del GIEI no aportaron ningún elemento contrario a la “verdad histórica”. En reiteradas ocasiones negó que el goerno federal o el presidente Enrique Peña Nieto tuvieran responsalidad en la desaparición de los 43 normalistas y acusó que “otros intereses” intentaban incriminarlos.

Hoy aspira a ser Senador y liderar a la bancada tricolor.

A inicios de septiembre pasado, algunos de los padres acusaron de “cínico” a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), por declarar a la prensa que la investigación “estuvo en hecha”.

Zerón de Lucio fue acusado por el GIEI de alterar pruebas en una escena del crimen durante su visita a las inmediaciones del Río San uan, de Cocula, el 28 de octubre de 2014. Él negó a la PGR que fuera un acto ilegal. Desde esa revelación, los familiares exigieron su recia. Dejó el go, pero tiempo después fue nombrado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que se mantiene hasta ahora.

Recientemente se reveló que cuando fungió como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Zerón de Lucio, firmó el contrato de adquisición del software Pegasus, en octubre de 2014. El software fue usado para espiar a activistas, periodistas y miembros del GIEI.

Cuando explotó el caso de Ayotzinapa, el Procurador era esús Murillo Karam. Durante una conferencia de prensa, luego de responder una serie de preguntas, declaró “ya me cansé”. A raíz de eso se acrecentó la exigencia de su recia y finalmente Peña Nieto lo rvió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de febrero a agosto de 2015. Como Procuradora quedó Arely Gómez hasta octubre de 2016 luego de ser relevada por el actual Procurador, Raúl Certes, quien tampoco ya despacha ahí.

El escándalo por Pegasus salpicó a Luis Ayala Puente, quien trabajó en la PGR encabezada por Murillo Karam, pues se reveló que fue socio fundador de la compañía CITELAE del Centro SA de CV, ligada a la empresa que vendióa la propia PGR programa de vigilancia ilegal. Una investigación ada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer que la empresa registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El ex Gobernador de Hidalgo se ha alejado de los reflectores.

Respecto al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, el perredista pidió licencia al go frente a la presión social del caso. En octubre de 2016 reapareció públicamente durante una reunión en un restaurante de Acapulco, en la cual demandó castigo a los responsables y aseguró que un político no se retira hasta que muere.

Apenas en diciembre pasado, algunos de los padres de los normalistas víctimas irrumpieron la apertura de la precampaña del ex mandatario, quien aspiraba a una diputación federal por el distrito 8 impulsado por la coalición “Por México al Frente”.

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tomaron el template en el evento, y le gron “¡Asesino! ¡Asesino!”.

“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias contra usted, porque no es no es posible que a más de tres años padres y madres seguimos con ese dolor”, increpó Melitón Ortega, familiar del normalista desaparecido Mauricio Ortega.

“Exigimos cárcel para Aguirre. Venimos a decirle en su a que es el jefe del narcogoerno en Guerrero”, le espetó una de las madres.

Aguirre Rivero sostuvo ante ellos que él “es el principal interesado en saber el paradero de los jóvenes”. Y señaló: “tengo la autoridad moral de hacer precampaña, sí, no tengo nada de qué avergonzarme”.

Tras intercamar palabras, el político salió del salón en el que raba el evento entre gritos de “¡Asesino¡, ¡Asesino!”; mientras otros de los presentes coreaban el apellido del ex mandatario en señal de apoyo. Días después, ació que stiría de su solicitud para competir por una diputación federal en julio de este año.

En febrero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la PGR congelar cuatro cuentas banias de Aguirre Rivero por el presunto desvío de 287 millones de pesos del erario. En el delito estarían involucradas 19 peras, entre familiares y socios del ex mandatario.

En su ento fueron detenidos Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex Gobernador, y Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex Subsecretario de Finanzas y Administración de Guerrero. Pero el perredista sigue sin ser investigado y el hermano Carlos Mateo fue puesto en libertad meses después al no comprobarse el delito.

A 36 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes, resalta la detención el cuatro de noviembre de 2014 de osé Luis Abarca Velázquez, el ex Alcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Luego de permanecer fugados unos días, fueron encontrados en una casa de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.

En el ataque de la noche del 26 de septiembre murieron seis peras y 25 resultaron heridas, por lo que sobre Abarca gan tres órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y desaparición forzada.

Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, tamén es otro de los funcionarios detenidos por el delito de secuestro. A él se le acusa de ordenar a los policías a su go secuestrar y entregar al grupo criminal Guerreros Unidos.

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